A estas alturas mis seguidores ya sabéis que he escrito bastante sobre The Good Fight, casi siempre en buenos términos por la calidad de sus guiones y su sentido del humor, pero hoy voy a cambiar el tono porque estoy observando en esta segunda temporada una cuestión que me preocupa mucho, y es la glorificación de la corrupción y las malas formas de gobierno.
Golpes de estado de nuevo cuño
En esta segunda temporada de The Good Fight, protagonizada por el gobierno de Donald Trump, están apareciendo y se están normalizando cuestiones como la forma en que el Partido Demócrata de la ficción pretende derrocar al presidente electo a través de algún escándalo jurídico o sexual donde ni siquiera importa que sea cierto lo que se denuncia.
Ruth Eastman, asesora del Comité Nacional de los Demócratas, se presenta en el bufete de Reddick, Boseman y Lockhart con toda una batería de medidas de seguridad (no se permiten los móviles en la reunión, se graba todo con videocámara, se les hace firmar a los presentes un documento de confidencialidad) para pedirles que señalen causas judiciales que se pueden abrir y ganar para destituir a Trump.
En mitad de esa vorágine, Reddick insinúa que no es necesario tener siquiera una causa con pruebas, sino que con verter malintencionadamente rumores sobre supuestas agresiones sexuales se podría llegar a la misma meta.
Y es ahí donde radica el quid, en mi opinión, de la glorificación de la corrupción, en que no se piense en términos de justicia, equidad, tolerancia, etc., sino solo en quitarle el gobierno a un presidente para ponerse ellos, sin tan siquiera atender a cuestiones éticas sobre los medios para lograrlo.
Y no puedo evitar pensar en lo que ha sucedido en Brasil con el antiguo presidente y ver que puede llegar a ser una nueva y peligrosa tendencia política en la vida real.
Glorificación del beneficio económico
En esta misma línea de normalización de las malas prácticas se sitúa también la serie, esta vez en el ámbito del beneficio económico, cuando el bufete acepta un acuerdo que le proporciona 8,3 millones de dólares de la Policía de Chicago para que no se airee la corrupción de dos agentes que se dedicaban a plantar pruebas falsas en temas de narcotráfico.
Cabe señalar que Jay, el investigador privado del bufete, señala esta falta de ética y renuncia a su puesto de trabajo para hacer ver a sus jefes que su codicia está afectando a la vida de otras personas, entre ellas, la de su mujer amigo.
Por su parte, Lucca y Maia (la hija de los acusados de estafa, caso que de momento parece haber quedado en segundo plano esta temporada) ayudan soterradamente al amigo de Jay, pero no porque sea lo correcto, sino porque sacar a la luz la corrupción de esos policías ayuda al padre del futuro hijo de Lucca en su carrera política, pues lo están acusando de haber encarcelado a más afroamericanos que blancos, y con este movimiento se quita 30 casos de sus estadísticas.
Así que nos encontramos con que los únicos actos honestos que se realizan tienen oscuros objetivos, siempre el beneficio político y/o económico y personal, lo que, en mi opinión, contribuye a normalizar este tipo de comportamientos. Porque, al fin y al cabo, si lo hacen Diane Lockhart o Adrian Boseman, ¿por qué no lo vamos a hacer cualquiera? ¿Y por qué vamos a poner el grito en el cielo si lo hacen nuestros representantes políticos?
Glorificación de la explotación laboral
Por último, aunque muy importante también, me gustaría resaltar la glorificación de las malas prácticas laborales y la falta de ética a la hora de tratar a trabajadoras embarazadas.
En esta temporada Lucca se queda embarazada y debe comunicarlo a la empresa, cuyos socios, con Diane Lockhart a la cabeza, están deseando quitarle los casos y relegarla porque prevén que una mujer embarazada les va a ocasionar pérdidas o perjuicios.
Lucca, para compensar esto y que no afecte a su carrera profesional (aunque todos los intentos que está haciendo son en vano, pues los prejuicios y la discriminación prevalecen sobre los resultados), anuncia que trabajará hasta el último minuto de embarazo y que no cogerá baja por maternidad. Un muy mal ejemplo para el resto de trabajadores, y otra normalización más de algo que debería ser denunciado con ahínco.
Porque el poso que queda no es el de denuncia, sino el de normalización.
